La Asamblea Legislativa de El Salvador, bajo el control absoluto del partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó este martes una reforma constitucional trascendental que redefine el sistema penitenciario del país. La iniciativa, impulsada directamente por el presidente Nayib Bukele, introduce la cadena perpetua como castigo severo para quienes cometan delitos de homicidio, violación o actos de terrorismo.
Mediante la modificación del artículo 27 de la Constitución, los legisladores eliminan la prohibición histórica de las penas de prisión de por vida, marcando un giro radical en la política criminal de la nación centroamericana.
Con un respaldo de 54 votos a favor de los 60 posibles, el órgano legislativo validó la propuesta sin realizar estudios técnicos ni debates previos en el pleno. La reforma establece que la pena perpetua se aplicará de forma exclusiva a las tres categorías de criminales mencionadas, manteniendo la prohibición de torturas y penas infamantes.
Solo una voz de la oposición se alzó en contra de la medida, mientras que los aliados del gobierno cerraron filas para consolidar el marco legal que exige el proyecto de seguridad de Nayib Bukele.
El mandatario salvadoreño defendió la reforma a través de sus redes sociales, cuestionando públicamente a quienes se oponen a que asesinos y violadores permanezcan encarcelados para siempre.
Esta declaración ocurrió pocas horas antes de la votación, funcionando como un mecanismo de presión política sobre la Asamblea y la opinión pública.
Para que estos cambios entren en vigor y modifiquen el texto constitucional de forma definitiva, los diputados deberán ratificar la decisión en una segunda sesión plenaria consecutiva según los procedimientos legales.
El anuncio de esta nueva medida punitiva surge en un contexto de fuerte escrutinio internacional hacia la administración de Nayib Bukele. Recientemente, un grupo de expertos en derecho publicó un informe detallado donde acusan al gobierno salvadoreño de cometer crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción.
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A pesar de estas acusaciones, el Ejecutivo mantiene su estrategia de seguridad como el eje central de su gestión, argumentando que el desmantelamiento de las pandillas justifica las medidas extraordinarias adoptadas desde hace cuatro años.
Bajo este régimen de excepción, las autoridades han detenido a más de 85,000 personas, lo que posiciona a El Salvador como el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que estas capturas masivas ocurren sin respetar el debido proceso y mediante juicios grupales que carecen de garantías individuales.
No obstante, la reducción drástica de los índices de homicidios otorga a Nayib Bukele un amplio respaldo popular que le permite avanzar con reformas que endurecen el castigo penal de manera permanente.
Con información de: El Mundo
